Después de una amplia consulta popular, el Código de las Familias fue aprobado en la reciente sesión Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) para ser llevado a referendo popular el próximo 25 de septiembre.
Oscar Manuel Silvera Martínez, Ministro de Justicia y miembro de la comisión redactora del Código comenzó su intervención en la Mesa Redonda diciendo que se llega a estar aprobación con un trabajo colectivo que es el resultado de muchos años de estudio, análisis e investigación de muchas personas de diferentes áreas del conocimiento. “Tiene además una visión actual y del futuro de la sociedad cubana”.
El hoy Código de las Familias –indicó- es el reflejo de la realidad y está sustentado en sólidos argumentos científicos, demográficos, jurídicos y desde el punto de vista de la pedagogía, la psicología y la sociología.
“Es una norma de alta complejidad y que impacta en todos. Es una búsqueda permanente del consenso. Esto explica por qué tantas versiones. Lo importantes siempre fue y sigue siendo qué fuera un Código para todos, más allá de los slogans”, destacó Silvera Martínez.
El ministro de Justicia dijo que tenían el deber de que fuera el reflejo de la sociedad, pero cumpliendo los mandatos de la Constitución de la República de Cuba y del propio Código a lo interno.
El proceso de consulta popular –resaltó- permitió tener un documento que es el resultado del aporte de todos, es una obra colectiva.
En este proceso, cuyos resultados se conocieron el pasado 15 de mayo, participaron 6 481 207 cubanos (75.93%), el 61.96% de los cuales se manifestó a favor del texto. Un total de 79 192 reuniones, de ellas 1 159 en el exterior y en colectivos laborales y estudiantiles 73 211. Se contabilizaron 336 595 intervenciones y fueron procesadas 434 860 propuestas.
En tres días de trabajo de la comisión redactora se realizaron 275 intervenciones, informó el ministro de Justicia. Agregó que la versión 25 presentada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, fue más sólida porque estaba impregnada de la sapiencia del pueblo. “Se garantizó a plenitud el ejercicio de la participación popular en la creación normativa”.
Oscar Manuel Silvera Martínez indicó que como resultado de ese proceso, fueron modificados el 47.93% del texto general y el 49.15% del total de sus artículos.
La consulta especializada marca -dijo- un hito en la creación normativa efectuado de septiembre a octubre del 2021, en 47 instituciones del país. La versión 22 que derivó del resultado de la consulta especializada se modificó el 60% de su contenido.
¿Por qué el Código se aprueba por la Asamblea Nacional? Al responder a la interrogante, el ministro de Justicia recordó que el artículo 103 de la Constitución de la República plantea que es la Asamblea Nacional el único órgano con potestad constituyente y legislativa del país. La propia Constitución incluye en su disposición transitoria XI que además, en el caso del Código de las Familias, debía de desarrollarse consulta popular y referendo.
Tanto para la consulta popular como para el referendo -dijo- se requiere que la ANPP apruebe un documento. Recordó que para la consulta popular, en diciembre del 2021 se aprobó una versión y ahora para el referendo se aprobó el Código. “El resultado del referendo determina la aprobación definitiva del Código de las Familias”
“Nuestro pueblo mayoritariamente en la consulta apoyó el Código”, acotó el Ministro de Justicia. Reiteró la coherencia de este documento jurídico con la Constitución de la República.
“Tema relativos a el matrimonio, las uniones de hecho afectivas, la adopción y las técnicas de reproducción asistida se mantuvieron tal como fueron sometidas, esencialmente, al proceso de consulta popular”, dijo.
Agregó que tuvieron cambios para mejorar y esclarecer, pero se mantuvieron porque no habilitar estas instituciones para todas las personas, sería limitar principios y valores consustanciales a la Constitución y la sociedad, como son la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación.
Silvera Martínez aseveró que se tenía el deber de habilitar la institución del matrimonio, las uniones de hecho afectivas, propiciar la adopción a las personas con independencia de otros elementos.
“El Código tiene la función de proteger las opciones que adoptan las personas en su entorno familiar, no protegerlo desde el punto vista jurídico es discriminatorio y provoca perjuicios”, explicó.
Además, el ministro comentó que en el proyecto aprobado se mantuvo la noción positiva de una crianza sin violencia, porque es coherente con la esencia humanista cubana y porque el país ha asumido obligaciones con tratados internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño.
“También dejamos en el texto la idea de mantener la responsabilidad parental, un concepto que forma parte de la manera en que nuestro pueblo encauza la crianza de sus niños actualmente. No es consentirlos en todo. Aquí los menores participan y la mayoría de las familias los alejan de la violencia”, dijo Silvera Martínez.
Otro concepto que continúa en el Código que se someterá a referendo en septiembre es la autonomía progresiva. Esa institución les da protagonismo a los niños en sus relaciones cotidianas, en su entorno familiar, como lo hacen en la escuela y la comunidad.
Según Silvera Martínez, estos fueron los temas que más debate generaron en las consultas. Al respecto, la Doctora Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión de Juristas de Cuba, explicó que para elaborar el texto final se tuvieron en cuenta las interpretaciones de la población.
“Ese 61% de apoyo implica la comprensión de la magnitud del Código. No estamos imponiendo modelos, estamos dando respuesta a las realidades actuales, con una herramienta para defender los derechos de personas que pueden estar desprotegidas actualmente”, aseguró.
Entre las novedades del texto, destaca la ampliación de los “Por cuanto”. Uno de ellos es el que reconoce, precisamente, la participación popular y su significado para la transformación del Código.
Según González Ferrer, la consulta popular permitió ciertos logros, como incorporar el cuidado desde los afectos como un derecho de las personas en el ámbito familiar. También se amplió la protección de niños, niñas y adolescentes en situaciones excepcionales y de desastre, a raíz de una propuesta del Ministerio de Educación.