Con sus insuperables bellezas naturales, el calor de su gente y atractivas posibilidades de negocio, Cuba es hoy una especie de fruta prohibida para el mundo, por obra del bloqueo económico, comercial y financiero que le ha impuesto Estados Unidos durante casi seis décadas, con daños acumulados que alcanzan la cifra de 138 mil 843,4 millones de dólares.
Las prohibiciones derivadas de esa política afectan el bienestar material y espiritual de todos sus habitantes, a la par que devienen letal metástasis en las más diversas ramas de la economía, la salud, la cultura, la ciencia y el deporte.
Su carácter extraterritorial, institucionalizado con la Ley Torricelli desde 1992, pende como espada de Damocles sobre gobiernos, empresarios y hasta simples ciudadanos estadounidenses o de terceros países que traten de acercarse a la isla.
…En virtud de ello, a los puertos cubanos les fue cancelada la posibilidad de establecer líneas regulares de cruceros con escalas semanales, a pesar del interés expresado por varias compañías dedicadas a esta sana actividad, lo cual obligó a la cancelación de más de 800 mil reservas.
La política adoptada a partir del cinco de junio de 2019 por el gobierno de los EE.UU. de negar las licencias a las aeronaves no comerciales y embarcaciones de pasajeros y recreativas en estancia temporal, incluyendo los cruceros a Cuba, daña los viajes de los estadounidenses al país y los ingresos por este concepto.
Ya un mes antes, el secretario de Estado de la Casa Blanca, Mike Pompeo, anunció que a partir del dos de mayo se permitirían bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, demandas en los tribunales de los estadounidenses contra personas naturales o jurídicas que “trafiquen” con propiedades nacionalizadas por el gobierno cubano a inicios de la Revolución.
Con ese amparo legal, las primeras reclamaciones no se hicieron esperar:
Havana Docks Corporation presentó una demanda contra la compañía de cruceros Carnival ante la Corte para el Distrito Sur de Florida (Miami), alegando “tráfico” con la Terminal de Cruceros de La Habana, y Javier García Bengochea oficializó otra también contra la misma entidad, por supuesto tráfico con el Puerto de Santiago de Cuba, propiedad reclamada por él.
El título III de la Ley Helms Burton dio margen también para reclamaciones contra otras entidades cubanas vinculadas al turismo como Gran Caribe, Cubanacán S.A., Grupo de Turismo Gaviota S.A y las extrajeras Trivago (Alemania) y Booking.com (Holanda), pues los demandantes alegan ser dueños originales de Cayo Coco y Varadero.
Las severas restricciones contra la navegación marítima desde y hacia Cuba impiden la entrada a puertos estadounidenses por un período de 180 días a los buques que hayan tocado los cubanos, independientemente de su nacionalidad o bandera.
Tal medida priva de un plumazo a los pasajeros de embarcaciones de ocio que circunvalan semanalmente el archipiélago antillano de conocer sus importantes ciudades y polos turísticos, a la vez que tiene un impacto negativo en la industria nacional de la recreación.
Estudios realizados por una universidad norteamericana indican que si cesaran las amenazas de ser sancionados por visitar a la Mayor de Las Antillas, el número de turistas que llegaría al país a bordo de cruceros podría superar el medio millón anualmente.
Los gastos de esos viajeros durante las escalas alcanzarían ingresos del orden de los 70 millones de dólares. Sin embargo, esa cifra hoy es inexistente.
El informe de Cuba sobre la Resolución 73/8 de la Asamblea General de la Naciones Unidas “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Los Estados Unidos de América contra Cuba”, recoge que desde abril de 2018 hasta marzo de 2019, el bloqueo de Washington contra La Habana ha ocasionado pérdidas al turismo cubano que ascienden a unos mil 383 millones de dólares por concepto de viajes, servicios, operaciones y aseguramientos logísticos.
De no existir esta genocida política, se estima que el 35 por ciento del total de visitantes a Cuba en un año podrían ser estadounidenses y bajo esta hipótesis, la cantidad total de vacacionistas procedentes de esa nación en 2018 hubiese sido de un millón 656 mil 298, pasando a ser el principal mercado emisor de viajeros hacia el destino.
Pero el acervo cultural de la isla, las peculiaridades de su arquitectura y sus playas no pueden estar en sintonía con otras del Caribe, América Central o América del Sur y le están negados a los turistas del territorio norteño, a pesar de ser un derecho constitucional de aquellos ciudadanos.
Ir de excursión a Varadero o a las vírgenes playas de Jardines del Rey, degustar en el campo una fruta tropical o apreciar un espectáculo artístico en Tropicana puede acarrearle a un norteamericano sentencias de hasta 10 años de privación de libertad y multas de 250 mil dólares, cual si hubiera pisado una tierra maldita.
Si alguien lo pone en duda, puede remitirse a las últimas informaciones que circulan en la red y dan fe de las multas impuestas a empresas estadounidenses como Halliburton, General Electric, la compañía bancaria italiana Grupo UniCredit, la francesa CGG Services S.A y hasta la empresa de comercio electrónico Amazon, por supuestas violaciones de las regulaciones del bloqueo.
Sin embargo, aun bajo tales presiones, son muchos los ciudadanos, organizaciones e instituciones que se arriesgan a desestimar leyes carentes de fundamento legal, moral y ético.
Proceder así no es estar tentado por un disfrute prohibido, sino un acto de reclamo al derecho internacional, que más temprano que tarde deberá prevalecer sobre la ignominia y la barbarie, que desconoce las 27 ocasiones en que la comunidad internacional de naciones ha votado por la terminación del genocidio que significa el bloqueo. (ACN).